Retiran cargos a médico en el primer caso federal de mutilación genital femenina en EE.UU.

(CNN) - Un juez de Detroit retiró casi todos los cargos contra un médico de Michigan acus...

Posted: Nov 22, 2018 12:53 PM
Updated: Nov 22, 2018 12:53 PM

(CNN) - Un juez de Detroit retiró casi todos los cargos contra un médico de Michigan acusado de realizar una mutilación genital femenina en al menos nueve niñas menores de edad, según documentos judiciales.

En una decisión presentada este martes, el juez Bernard Friedman dictaminó que la ley federal de mutilación genital femenina es inconstitucional y que el Congreso no tenía derecho a criminalizar la práctica. Por lo tanto, desestimó seis de los ocho cargos en el primer caso federal de Estados Unidos relacionado con el procedimiento.

"El Congreso sobrepasó sus límites al legislar para prohibir ", escribió Friedman, calificándolo de "actividad criminal local" que los estados norman, no el Congreso.

La doctora Jumana Nagarwala es la principal acusada en el caso. Mientras que los cargos de conspirar para cometer y cometer la mutilación genital femenina, así como ayudar e instigar a otros a hacerlo, se han retirado, Nagarwala aún enfrenta cargos de conspiración para viajar con la intención de participar en una conducta sexual ilícita y conspirar para obstruir el proceder de un funcionario. Fue acusada junto con el doctor Fakhruddin Attar, su esposa Farida Attar y otros cinco residentes de Michigan y Minnesota.

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Su abogada, Shannon Smith, dijo que ella y Nagarwala están encantadas con la decisión de Friedman.

"Escribió una opinión bien razonada y nos complace ver que su conclusión sobre la constitucionalidad de la ley también coincide con nuestro análisis", dijo Smith este martes. "Mi cliente está satisfecha, pero todavía está nerviosa porque aún enfrenta otros cargos en la corte federal".

El procedimiento está prohibido en 44 países

La mutilación genital femenina se refiere a "todos los procedimientos que involucran la remoción parcial o total de los genitales femeninos externos u otras lesiones a los órganos genitales femeninos por razones culturales u otras no médicas", según el Fondo de Población de Naciones Unidas. Si bien se realiza por miles de razones sociológicas, culturales, religiosas, higiénicas y socioeconómicas, está prohibido por ley en al menos 44 países, incluido Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud considera el procedimiento como una violación de los derechos humanos.

El doctor Fakhruddin Attar, a la izquierda, y la doctora Jumana Nagarwala.

Los procedimientos que Nagarwala está acusado de realizar ocurrieron desde 2005 hasta el 21 de abril de 2017, de acuerdo con la querella criminal. Los fiscales dicen que Attar, un doctor de medicina interna, le permitió a Nagarwala, un médico de emergencias, realizar los procedimientos prohibidos en su clínica médica en Livonia, Michigan, después de que cerrara por el día. Nagarwala fue presuntamente asistida por la esposa de Attar, Farida, y adultos adicionales nombrados en la denuncia.

Nagarwala y los denunciados están acusados ​​de instruir a otros para que no hablen sobre los procedimientos. Las nueve niñas menores de edad son de Michigan, Minnesota e Illinois y tienen entre 8 y 13 años, según documentos judiciales.

Según el juez, el Congreso no tenía autoridad para aprobar una ley que penalice la mutilación genital femenina.

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"Por más loable que pueda ser la prohibición de un tipo particular de abuso contra las niñas, lógicamente no promueve el objetivo de proteger a los niños de forma no discriminatoria", escribió Friedman, y luego señaló que la Corte Suprema ha dicho que los estados individuales, no el Gobierno Federal, tiene autoridad para vigilar la actividad criminal local.

Friedman también señaló que aunque el Congreso puede regular una práctica si es "de naturaleza comercial o económica y afecta sustancialmente el comercio interestatal", pero "por más despreciable que sea , es esencialmente un acto criminal" y no una empresa comercial o económica, escribió Friedman.

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El abogado de Nagarwala espera que el gobierno de Estados Unidos apele la decisión. Se fijó una fecha para el 29 de abril de 2019.

Gina Balaya, portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, dijo: "Estamos revisando la opinión del juez y tomaremos la decisión de apelar o no en algún momento en el futuro".

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